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Los acontecimientos
se sucedían con rapidez, de manera que la reacción
política que da paso al “Segundo Periodo Absolutista”
(1823-1833, “Década Ominosa”) permite que en 1823 los
obispos desterrados puedan incorporase a sus sedes y los
exclaustrados a sus conventos para reanudar la vida
religiosa, todavía sin sospechar que esta circunstancia
duraría apuradamente una década.
A la
muerte de Fernando VII (29-IX-1833) quedaban abiertas
las puertas del poder para aquellos liberales que tanto
había combatido. La lucha entre liberales y absolutistas
adquiere ahora una nueva dimensión: La de una pugna
doctrinal encubierta por un problema dinástico. Las
“Guerras Carlistas” ensangrentaron la nación durante
cuarenta largos del siglo XIX.
La
medida exclaustradora que inicia, según la Revuelta
González, el proceso de supresión de los conventos es la
fecha 26 de marzo de 1834, por la que se suprimen los
monasterios y conventos desafectos (aquellos que se
habían mostrado carlistas a la muerte de Fernando VII);
el 22 de abril se prohibía la admisión de novicios en
todos los conventos (la medida se hacia extensiva para
las novicias el 18 de agosto). Suprimida la Compañía de
Jesús el 4 de julio de 1835, seguirán idéntica suerte
aquellos monasterios y conventos que contaban con menos
de doce miembros, hasta que, por Decreto de 11 de
octubre de 1835, Alvarez Mendizábal determinaba la
exclaustración de todos los religiosos apelando al
“excesivo número de monasterios”, su “escasa utilidad”
para la asistencia de los fieles, el “perjuicio público”
que suponía la amortización de las tierras detentadas
por ellos, y la conveniencia de una “mayor circulación
de bienes”. Algunos meses más tarde (8 de marzo de 1836)
es ya un hecho la exclaustración general. Por la ley de
29 de julio de 1837 Mendizabal declara de propiedad
nacional los bienes raíces, rentas, derechos y acciones
de las comunidades e institutos religiosos. Se ponen en
venta los bienes pertenecientes a abandonar sus casas y
contemplar cómo su patrimonio pasa a otras manos.
La
situación religiosa en el territorio dominado por los
liberales e isabelinos fue empeorando. En 1842 Gregorio
XVI denuncia en una Encíclica los atropellos cometidos
contra la Iglesia Católica en España. En 1851 se firma
el Concordato entre la Santa Sede y el Estado
Español, por el que éste reconoce el derecho de la
Iglesia a adquirir propiedades, devuelve los bienes
confiscados que estaban enajenados y contribuye al
sostenimiento del culto y clero. Algunos años más tarde,
el 1 de mayo de 1855 el progresista Madoz dicta la “Ley
de Desamortización”, que habría de durar hasta
septiembre de 1856. La reina Isabel II es destronada en
1868, suceso que provoca la implantación en España de
una nueva Constitución republicana (hasta 1873).
De nuevo, en 1875 se restaura la Monarquía española con
Alonso XII, hijo de Isabel II. En la Constitución
de 1876 la religión católica es declarada “religión
oficial del Estado”.
A
semejanza de lo que ocurría en Europa, un signo de la
vitalidad católica española durante el siglo XIX
(“subcultura católica”) fue el importante número de
congregaciones religiosas que se fundaron en nuestro
país. Es España, el retorno a la tradición escolástica
(adaptación y renovación del tomismo) estuvo
representada por algunas figuras de relieve, entre ellas
el cardenal Ceferino González, Alejandro Pidal y Mon, el
padre Colunga, los dominicos Matías García, Juan
González Arintero y María Sola, el presbítero gallego
Amor Rubial, los catalanes Rubió i Ors, Duran i Bas o
Joseph Torras i Bages (obispo de Vic), considerado en el
neotomista más eminente de la época. Los destacados
apologetas del catolicismo que encontramos en España se
llamaron Jaime Balmes (1810-1912). Antonio María Claret
y otros. Al lado de católicos de talante
tradicionalista, como los mencionados, tampoco faltaron
hombres de Iglesia –clérigos y laicos- liberales y
progresistas (Diego Muñoz Torrero, Joaquín Lorenzo
Villaneva, por citar algunos), de reconocida influencia
en el liberalismo hispánico. Por lo demás, diversas
instituciones españolas iban a irradiar nuevas ideas en
ese contexto de restauración. El “Ateneo de
Madrid” (fundado en 1820, disuelto en 1823, restaurado
en 1835). El resurgimiento de las culturas regionales es
otra de las señales que aparecen en la segunda mitad del
s. XIX.
Fue
desigual la suerte que siguieron las Órdenes monásticas
tras las medidas de exclaustración y desamortización.
Una prueba de ello es que, a partir de 1835 desaparecía
definitivamente el Orden monástico español de San
Basilio, comúnmente conocido como los “monjes
basilios”.
La
persistencia de las leyes desamortizadoras y de la
supresión de los religiosos reportó un progresivo
deterioro de los monasterios y conventos vacíos, su
expolio y, en algunos casos, hasta su ruina. Algunos
cenobios pasaron a manos de particulares, que los
destinaban a los más variados usos o, simplemente, los
abandonaban a la suerte que el tiempo les deparase. Hubo
monasterios que vendrían a engrosar con el paso del
tiempo los bienes del Estado, otros aumentarían las
propiedades de los Obispados o de las Congregaciones
religiosas. La desamortización causó la expoliación y la
merma de muchas de las bibliotecas monásticas algo que
después iba a repercutir poderosamente en las economías,
algo que después iba a repercutir poderosamente en las
economías y en el patrimonio cultural monástico.
Expoliados, robados, vendidos…, importantes fondos
documentales fueron a parar a bibliotecas provinciales,
a Obispados, al Archivo Histórico Nacional, a la
biblioteca Nacional, a la Real Academia de la Historia,
o a manos de particulares; una parte del material se
perdía para siempre, o iba a engrosar los bienes de las
bibliotecas extranjeras. Naturalmente, todos los
monasterios no padecieron la misma suerte. (En general
fueron los monasterios cistercienses y jerónimos los más
perjudicados por la expoliación de sus archivos y
bibliotecas. Dígase lo mismo en cuanto a mobiliario,
objetos sagrados y obras de arte). Los frailes y los
monjes exclaustrados intentaron rehacer su vida por
caminos muy diversos, unos refugiándose en los
monasterios extranjeros que tuviera la Orden (excepto en
el caso de los Jerónimos), algunos vinculándose a las
diócesis o a diferentes instituciones religiosas, otras
acudiendo a sus familias de origen, o volviendo al
estado secular.
La
vuelta a los claustros, digamos la restauración de la
vida monástica, iba a transcurrir de manera desigual
entre las Órdenes. La incorporación de los monjes a la
vida regular se llevaría a cabo según lo permitiesen las
circunstancias particulares (número de miembros, estado
material de los edificios, rentas, bienes, propiedades,
cargas preservadas, etc.) Los primeros abades
restauradores pondrán empeño, lo primero, en resolver
las condiciones de habitabilidad del lugar, despejar el
horizonte económico y velar por las observancias. La
restauración de la vida monástica se efectuó en medio de
enormes dificultades y sacrificios, pues era mucho lo
que se había roto y perdido. En líneas generales, esta
empresa iba a ser una restauración de la etapa anterior,
aunque con mayores restricciones. En cualquier caso,
podemos afirmar que en el siglo XIX se abre una nueva
etapa en el monasterio español. |